El Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad parlamentaria de András Tivadar Kulja, diputado húngaro, en el marco de un procedimiento penal por difamación iniciado contra él por un demandante privado en Hungría. Esta decisión permite a las autoridades húngaras continuar el caso. La votación se realizó a mano alzada, sin recuento individual de los votos. No se trata de una ley sino de una decisión interna del Parlamento.
András Tivadar Kulja, elegido al Parlamento Europeo en junio de 2024, es objeto de una denuncia privada por difamación a raíz de una publicación en Facebook el 31 de julio de 2025. El tribunal central de distrito de Pest solicitó el levantamiento de su inmunidad el 11 de diciembre de 2025. El Parlamento escuchó al interesado el 28 de septiembre de 2026 antes de tomar su decisión.
Inmunidad levantada para KuljaEl Parlamento Europeo levanta la inmunidad parlamentaria de András Tivadar Kulja, permitiendo así que el procedimiento penal por difamación siga su curso en Hungría.
Transmisión inmediata de la decisiónSe encarga a la Presidenta del Parlamento Europeo que transmita sin demora la decisión a la autoridad judicial húngara competente y a András Tivadar Kulja.
Alcance limitado al procedimiento penalEste levantamiento de inmunidad se refiere únicamente al procedimiento iniciado por un demandante privado por hechos de difamación presuntamente cometidos en 2025. No prejuzga en nada la culpabilidad o la inocencia del Sr. Kulja.
La decisión fue adoptada a mano alzada. No se dispone de ningún recuento individual de los votos.
Para los ciudadanos húngaros, esta decisión significa que la justicia puede ahora examinar una denuncia por difamación contra un diputado europeo, sin que la inmunidad parlamentaria sea un obstáculo. Ilustra el hecho de que la inmunidad protege el ejercicio de las funciones parlamentarias y no a la persona en sí. El procedimiento continuará ante los tribunales húngaros.
El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad de András Tivadar Kulja, diputado húngaro, en el marco de una denuncia privada por difamación. Una decisión que recuerda que la inmunidad protege la función parlamentaria, no a la persona.
La inmunidad parlamentaria no es un escudo personal. Existe para garantizar que los diputados puedan expresar sus opiniones y votar sin temer persecuciones intimidatorias. En este caso, el Parlamento consideró que la publicación litigiosa, un mensaje de Facebook del 31 de julio de 2025 que alegaba que fondos públicos vinculados a compras de equipos médicos habrían beneficiado a una empresa familiar, no entraba en el ejercicio de las funciones parlamentarias en el sentido del artículo 8 del protocolo n.º 7. La solicitud de levantamiento de inmunidad procede del tribunal central de distrito de Pest, a instancias de un denunciante privado, y no de una autoridad política. El Parlamento siguió, por tanto, el procedimiento habitual: escuchó al interesado el 28 de septiembre de 2026 y luego decidió, a mano alzada, levantar la inmunidad.
Esta decisión tiene una consecuencia concreta: la justicia húngara podrá examinar la denuncia en el fondo. Para los ciudadanos, esto significa que ningún diputado europeo puede sustraerse a un procedimiento penal ordinario invocando una inmunidad que no cubre las declaraciones difamatorias. Es una buena noticia para el Estado de Derecho: la inmunidad debe seguir siendo una excepción estrictamente regulada, y no un privilegio discrecional.
El Parlamento podría haber remitido la solicitud a la comisión de asuntos jurídicos para un examen más profundo, pero optó por decidir rápidamente. Al hacerlo, envía una señal clara: las alegaciones de corrupción o de favoritismo deben poder ser examinadas por los tribunales, y los diputados deben rendir cuentas como cualquier ciudadano. El procedimiento por difamación, por su parte, deberá demostrar si las declaraciones formuladas estaban fundadas o no. Nada en la decisión del Parlamento prejuzga el resultado del juicio.
La votación a mano alzada no permite conocer la distribución de los votos por grupo político. Cabe lamentarlo: en una cuestión que afecta a la inmunidad y a la libertad de expresión, la transparencia habría sido preferible. Los votantes tienen derecho a saber quién apoyó el levantamiento de la inmunidad y quién se opuso. Una votación por llamamiento nominal habría permitido ese control. No es un detalle: la inmunidad parlamentaria es un mecanismo poderoso, y su uso debe ser trazable.
Dicho esto, la decisión en sí es conforme a la lógica de subsidiariedad: corresponde a la justicia húngara, y no a una instancia europea, dirimir el litigio. El Parlamento se limitó a levantar el obstáculo procedimental, sin pronunciarse sobre el fondo. Es el enfoque correcto. Una alternativa habría sido remitir el asunto ante la comisión de asuntos jurídicos para un examen más largo, pero eso habría retrasado un procedimiento que ya dura más de un año. La rapidez, aquí, sirve a la justicia.
La inmunidad no es un privilegio personal: protege la función, no a la persona.
El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad de András Tivadar Kulja, diputado húngaro, en el marco de una denuncia privada por difamación. Una decisión que recuerda que la inmunidad protege la función parlamentaria, no a la persona.
La inmunidad parlamentaria no es un escudo personal. Existe para garantizar que los diputados puedan expresar sus opiniones y votar sin temer persecuciones intimidatorias. En este caso, el Parlamento consideró que la publicación litigiosa, un mensaje de Facebook del 31 de julio de 2025 que alegaba que fondos públicos vinculados a compras de equipos médicos habrían beneficiado a una empresa familiar, no entraba en el ejercicio de las funciones parlamentarias en el sentido del artículo 8 del protocolo n.º 7. La solicitud de levantamiento de inmunidad procede del tribunal central de distrito de Pest, a instancias de un denunciante privado, y no de una autoridad política. El Parlamento siguió, por tanto, el procedimiento habitual: escuchó al interesado el 28 de septiembre de 2026 y luego decidió, a mano alzada, levantar la inmunidad.
Esta decisión tiene una consecuencia concreta: la justicia húngara podrá examinar la denuncia en el fondo. Para los ciudadanos, esto significa que ningún diputado europeo puede sustraerse a un procedimiento penal ordinario invocando una inmunidad que no cubre las declaraciones difamatorias. Es una buena noticia para el Estado de Derecho: la inmunidad debe seguir siendo una excepción estrictamente regulada, y no un privilegio discrecional.
El Parlamento podría haber remitido la solicitud a la comisión de asuntos jurídicos para un examen más profundo, pero optó por decidir rápidamente. Al hacerlo, envía una señal clara: las alegaciones de corrupción o de favoritismo deben poder ser examinadas por los tribunales, y los diputados deben rendir cuentas como cualquier ciudadano. El procedimiento por difamación, por su parte, deberá demostrar si las declaraciones formuladas estaban fundadas o no. Nada en la decisión del Parlamento prejuzga el resultado del juicio.
La votación a mano alzada no permite conocer la distribución de los votos por grupo político. Cabe lamentarlo: en una cuestión que afecta a la inmunidad y a la libertad de expresión, la transparencia habría sido preferible. Los votantes tienen derecho a saber quién apoyó el levantamiento de la inmunidad y quién se opuso. Una votación por llamamiento nominal habría permitido ese control. No es un detalle: la inmunidad parlamentaria es un mecanismo poderoso, y su uso debe ser trazable.
Dicho esto, la decisión en sí es conforme a la lógica de subsidiariedad: corresponde a la justicia húngara, y no a una instancia europea, dirimir el litigio. El Parlamento se limitó a levantar el obstáculo procedimental, sin pronunciarse sobre el fondo. Es el enfoque correcto. Una alternativa habría sido remitir el asunto ante la comisión de asuntos jurídicos para un examen más largo, pero eso habría retrasado un procedimiento que ya dura más de un año. La rapidez, aquí, sirve a la justicia.
La inmunidad no es un privilegio personal: protege la función, no a la persona.