El Parlamento Europeo ha autorizado a Austria a modificar su acuerdo bilateral de transporte por carretera con Suiza del 22 de octubre de 1958 para permitir el cabotaje, es decir, el transporte de viajeros entre dos puntos situados en el mismo lado de la frontera, en las regiones fronterizas austro-suizas. Esta autorización se aplica a los servicios internacionales por autocares y autobuses entre ambos países y sigue sujeta a dos condiciones: ninguna discriminación entre transportistas establecidos en la Unión y ninguna distorsión de la competencia. El texto es la posición final del Parlamento, ya aceptada por los gobiernos de la Unión; se convertirá en ley tras su aprobación formal.
El acuerdo entre la Unión y Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros no autoriza el cabotaje entre dos puntos de un mismo país. No obstante, los derechos de cabotaje ya previstos en acuerdos bilaterales anteriores al 21 de junio de 1999 pueden mantenerse, siempre que se respeten las normas de no discriminación y de competencia. El acuerdo austro-suizo de 1958 no preveía este derecho. Como estos compromisos internacionales son competencia exclusiva de la Unión, Austria solo puede modificar su acuerdo con la aprobación de la Unión. La Comisión había propuesto esta autorización; el Parlamento la ha aprobado.
Autorización para modificar el acuerdo de 1958Se autoriza a Austria a modificar el acuerdo bilateral de transporte por carretera que la vincula a Suiza desde el 22 de octubre de 1958, con el fin de introducir en él el cabotaje en los servicios internacionales de transporte de viajeros por autocares y autobuses entre ambos países.
Cinco distritos fronterizos afectadosEl cabotaje autorizado abarca únicamente los distritos administrativos de Bludenz, Bregenz, Dornbirn y Feldkirch en la región de Vorarlberg, así como el distrito de Landeck en la región del Tirol.
Dos condiciones acumulativasLa autorización solo es válida si no existe ninguna discriminación entre los transportistas establecidos en la Unión y ninguna distorsión de la competencia.
Obligación de informar a la ComisiónAustria debe informar a la Comisión Europea de la modificación del acuerdo y comunicarle el texto del acuerdo modificado. La Comisión debe informar a continuación de ello al Parlamento Europeo y al Consejo.
Destinatario de la decisiónLa República de Austria es la única destinataria de esta decisión.
El Parlamento aprobó el texto por 654 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, en una votación electrónica por llamamiento nominal.
En la práctica, las empresas de transporte establecidas en Austria podrán, en los cinco distritos fronterizos citados, recoger pasajeros para trayectos interiores en Suiza y a la inversa, en los servicios internacionales por autocar o autobús. Los viajeros de estas zonas fronterizas podrían disponer así de más conexiones directas entre ambos países. Los transportistas establecidos en la Unión no deben ser discriminados respecto a los transportistas suizos, y no debe falsearse la competencia. Esta medida no crea un derecho general al cabotaje en toda la Unión: se limita a los distritos austriacos nombrados y a la relación con Suiza.
El Parlamento Europeo autorizó a Austria a modificar su acuerdo bilateral de transporte por carretera con Suiza del 22 de octubre de 1958 para permitir el cabotaje en cinco distritos fronterizos. El texto fue adoptado por 654 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Esta decisión es la posición final del Parlamento, ya aceptada por los gobiernos de la Unión; se convertirá en ley tras su aprobación formal. No es una liberalización general del cabotaje, sino una apertura específica, condicionada y revocable.
El cabotaje, es decir, el transporte de viajeros entre dos puntos situados del mismo lado de la frontera, estaba hasta ahora prohibido por el acuerdo austro-suizo de 1958. La Unión Europea autoriza a Austria a permitirlo, pero solo en cinco distritos fronterizos y únicamente en servicios internacionales en autocares y autobuses entre los dos países. Esta limitación geográfica y material es positiva: evita abrir un derecho general al cabotaje en toda la Unión, lo que habría expuesto a los transportistas europeos a una competencia sin marco.
Las dos condiciones, no discriminación entre transportistas establecidos en la Unión y ausencia de distorsión de la competencia, son la contrapartida de esta apertura. Protegen a los transportistas europeos contra una ventaja competitiva que se concedería a los operadores suizos. Pero siguen siendo nociones vagas, cuya interpretación y control corresponderán a la Comisión y, en última instancia, al Tribunal de Justicia. Para las empresas, esto significa una seguridad jurídica limitada: deberán documentar su conformidad, lo que representa un costo administrativo cierto.
La autorización está estrictamente encuadrada: solo vale para los distritos nombrados y para la relación con Suiza. No se prevé ninguna cláusula de revisión ni de seguimiento. Si el mercado evoluciona, hará falta una nueva decisión política. Este statu quo protege a los transportistas establecidos, pero congela las posibilidades de extensión. Los viajeros de las zonas fronterizas podrían beneficiarse de conexiones directas adicionales, pero únicamente en esos cinco distritos. En el resto, nada cambia.
El procedimiento de información obliga a Austria a notificar a la Comisión y a transmitirle el texto del acuerdo modificado. La Comisión informa después al Parlamento y al Consejo. Este mecanismo es ligero y proporcionado. No crea una nueva burocracia pesada, pero mantiene un control político sobre una competencia externa exclusiva de la Unión. Puede lamentarse que no haya un informe anual sobre los efectos concretos de esta apertura, pero no es indispensable.
Una autorización específica, condicionada y revocable: así debe Europa abrir sus mercados, no mediante reglamentos uniformes.
El Parlamento Europeo autorizó a Austria a modificar su acuerdo bilateral de transporte por carretera con Suiza del 22 de octubre de 1958 para permitir el cabotaje en cinco distritos fronterizos. El texto fue adoptado por 654 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Esta decisión es la posición final del Parlamento, ya aceptada por los gobiernos de la Unión; se convertirá en ley tras su aprobación formal. No es una liberalización general del cabotaje, sino una apertura específica, condicionada y revocable.
El cabotaje, es decir, el transporte de viajeros entre dos puntos situados del mismo lado de la frontera, estaba hasta ahora prohibido por el acuerdo austro-suizo de 1958. La Unión Europea autoriza a Austria a permitirlo, pero solo en cinco distritos fronterizos y únicamente en servicios internacionales en autocares y autobuses entre los dos países. Esta limitación geográfica y material es positiva: evita abrir un derecho general al cabotaje en toda la Unión, lo que habría expuesto a los transportistas europeos a una competencia sin marco.
Las dos condiciones, no discriminación entre transportistas establecidos en la Unión y ausencia de distorsión de la competencia, son la contrapartida de esta apertura. Protegen a los transportistas europeos contra una ventaja competitiva que se concedería a los operadores suizos. Pero siguen siendo nociones vagas, cuya interpretación y control corresponderán a la Comisión y, en última instancia, al Tribunal de Justicia. Para las empresas, esto significa una seguridad jurídica limitada: deberán documentar su conformidad, lo que representa un costo administrativo cierto.
La autorización está estrictamente encuadrada: solo vale para los distritos nombrados y para la relación con Suiza. No se prevé ninguna cláusula de revisión ni de seguimiento. Si el mercado evoluciona, hará falta una nueva decisión política. Este statu quo protege a los transportistas establecidos, pero congela las posibilidades de extensión. Los viajeros de las zonas fronterizas podrían beneficiarse de conexiones directas adicionales, pero únicamente en esos cinco distritos. En el resto, nada cambia.
El procedimiento de información obliga a Austria a notificar a la Comisión y a transmitirle el texto del acuerdo modificado. La Comisión informa después al Parlamento y al Consejo. Este mecanismo es ligero y proporcionado. No crea una nueva burocracia pesada, pero mantiene un control político sobre una competencia externa exclusiva de la Unión. Puede lamentarse que no haya un informe anual sobre los efectos concretos de esta apertura, pero no es indispensable.
Una autorización específica, condicionada y revocable: así debe Europa abrir sus mercados, no mediante reglamentos uniformes.